Según los datos ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo reflejan que el pasado mes de julio había un total de 3.523.301 personas en paro. Lo peor de la cifra es que sólo el 54,1 por ciento, es decir, 2.600.228 cobraban prestación. O visto de otra forma, dando la vuelta a las estadísticas, hay 653.073 desempleados no percibían ningún tipo de ayuda. Por otro lado, si nos fijamos en las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) hay más de 1,2 millones de parados que no perciben prestación de ningún tipo.
Para no dejar sin ningún tipo de ingresos a una buena parte de estos desempleados, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de agosto un Real Decreto Ley en que se regula un programa temporal de protección por inserción o desempleo que se hará efectivo siempre que la cifra del paro supere el 17 por ciento. La buena intención del Ejecutivo se volvió en su contra al crearse un malestar generalizado ya que estas ayudas sólo afectaban a los parados que se hubieran quedado desprotegidos desde el pasado 1 de agosto. Para suavizar y calmar los ánimos, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha dedicido flexibilizar su decisión inicial de tal forma que también se podrán acoger al nuevo subsidio aquellas personas que se hayan quedado sin ningún tipo de ingresos desde el pasado 1 de junio. Críticas por parte de la oposición, aplausos por parte de los sindicatos que aún piden más para una medida que ha creado muchas dudas.
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