El Ministerio del Interior cifra el número de vigilantes de seguridad habilitados para ejercer en España en unos 200.000. Sin embargo, según los datos que maneja la Unidad Central de Seguridad Privada, de todos ellos sólo 90.000 se encuentran efectivamente trabajando.
La crisis y la falta de presupuesto han provocado la aparición de empresas de seguridad que trabajan a precios muy por debajo de los costes establecidos en el convenio colectivo del sector, algo que se traduce en el recorte de los derechos y garantías sociales de sus trabajadores.
Además, la crisis ha provocado que la propia seguridad del trabajador se vea afectada. El recorte en las partidas de seguridad de organismos oficiales y grandes empresas provoca que se contrate menos personal, lo que se traduce en que en muchas ocasiones el personal de seguridad tenga que intervenir en solitario, algo que favorece las agresiones y coloca en clara desventaja al vigilante frente al agresor o agresores
El sindicato que vela por los derechos de estos profesionales tampoco entiende que, con la elevada tasa de paro que sufre el sector, las academias y demás organismos encargados de formar a los futuros vigilantes, sigan ofertando cursos para nuevas plazas. Considerando esta práctica como abusiva, ya que lo único que consiguen es crear falsas expectativas de trabajo a jóvenes que malgastan su tiempo y dinero en formarse para una profesión que cuenta con más de la mitad de sus componentes en paro.
Otro detalle sobre el que advierten, es que la habilitación concedida por la Unidad Central de Seguridad Privada a aquellas personas que consiguen superar las pruebas de acceso tiene carácter temporal, es decir, que en el caso de no ejercer la profesión durante dos años, la habilitación queda sin validez.
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En cambio las empresas instaladoras de seguridad privada salen reforzadas de la crisis.