Estas son, a grandes rasgos, las brillantes propuestas del ejecutivo: Lo primero concienciar a los ciudadanos de lo importante del ahorro de energía (se pone en marcha una campaña en prensa y televisión). Se renovará el sistema de alumbrado público municipal, se cambian las ópticas de los semáforos por LED y se comenzará a ahorrar en el alumbrado de la red de carreteras (menos luz para circular de noche). El ministerio de Industria inicia un plan de renovación de halógenos por LED (2x1). La más discutida y la que más revuelo ha causado es sin duda la de reducción temporal (4 meses) de los límites de velocidad en autovías y autopistas de peaje (de 120 km/h a110 km/h). Esta medida tiene un coste de implantación de 250.000 euros para cambiar las señales que el gobierno espera recuperar con las multas (sólo necesita que 2.500 conductores sean cazados conduciendo a 111 km/h). Todo aquel que necesite cambiar sus neumáticos y llegue a tiempo (240.000 neumáticos máximo con la máxima calificación energética) se verá beneficiado de una subvención de 20 euros por neumático. Se fomenta el empleo del transporte público, del coche eléctrico y del coche compartido. Además, los precios de los billetes de tren para servicios de cercanía y media distancia bajarán del orden de un 7%. El Gobierno obliga a aumentar la presencia de biodiesel en carburantes hasta el 7%, optimizará el uso de los pasillos aéreos y mejorará el transporte de mercancías por tren. Además, dice que racionalizará el consumo energético de las administraciones públicas (parece que hasta ahora no lo había hecho), ampliará las ayudas para el cambio de calderas de alto rendimiento, fomentará el uso de biomasa para usos térmicos, obligará a la certificación energética de edificios no residenciales de más de 400 kw de potencia instalada y establecerá una línea ICO específica para empresas dedicadas a ofrecer servicios energéticos (más facilidades para el acceso a un crédito). Imagen sujeta a licencia CC de MauricosoaresMedidas contra la crisis energética
8 marzo 2011 | Por jose manuel paniagua
Nuestros dirigentes han elaborado una serie de medidas que, según ellos, ayudarán a reducir el consumo energético del país y reducir en aproximadamente un 5% la cantidad de petróleo que necesitamos importar. El coste de la implantación de todas estas medidas se eleva a 1.151 millones de euros, que irán con cargo al plan de ahorro y eficiencia energética.
Estas son, a grandes rasgos, las brillantes propuestas del ejecutivo: Lo primero concienciar a los ciudadanos de lo importante del ahorro de energía (se pone en marcha una campaña en prensa y televisión). Se renovará el sistema de alumbrado público municipal, se cambian las ópticas de los semáforos por LED y se comenzará a ahorrar en el alumbrado de la red de carreteras (menos luz para circular de noche). El ministerio de Industria inicia un plan de renovación de halógenos por LED (2x1). La más discutida y la que más revuelo ha causado es sin duda la de reducción temporal (4 meses) de los límites de velocidad en autovías y autopistas de peaje (de 120 km/h a110 km/h). Esta medida tiene un coste de implantación de 250.000 euros para cambiar las señales que el gobierno espera recuperar con las multas (sólo necesita que 2.500 conductores sean cazados conduciendo a 111 km/h). Todo aquel que necesite cambiar sus neumáticos y llegue a tiempo (240.000 neumáticos máximo con la máxima calificación energética) se verá beneficiado de una subvención de 20 euros por neumático. Se fomenta el empleo del transporte público, del coche eléctrico y del coche compartido. Además, los precios de los billetes de tren para servicios de cercanía y media distancia bajarán del orden de un 7%. El Gobierno obliga a aumentar la presencia de biodiesel en carburantes hasta el 7%, optimizará el uso de los pasillos aéreos y mejorará el transporte de mercancías por tren. Además, dice que racionalizará el consumo energético de las administraciones públicas (parece que hasta ahora no lo había hecho), ampliará las ayudas para el cambio de calderas de alto rendimiento, fomentará el uso de biomasa para usos térmicos, obligará a la certificación energética de edificios no residenciales de más de 400 kw de potencia instalada y establecerá una línea ICO específica para empresas dedicadas a ofrecer servicios energéticos (más facilidades para el acceso a un crédito). Imagen sujeta a licencia CC de Mauricosoares
