El Gobierno de España sitúa ahora en un 4% el retroceso de la actividad económica a finales de este año, dato que supone un nuevo golpe casi mortal para nuestro sector empresarial. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el pasado mes de agosto se disolvieron en España 974 sociedades, un 33% más que en el mismo periodo del año 2008, pero es que en los meses anteriores el ritmo de destrucción era de 1.200 empresas al mes.
En estos momentos en nuestro país el ritmo al que mueren las empresas casi duplica al de nacimientos, el cual se sitúa en un 18,3%, cifra esta que alcanza un record negativo, al ser la tasa más baja en los últimos trece años. Según los expertos, esta ausencia de nuevos proyectos es una respuesta lógica a las prácticamente nulas expectativas de recuperación económica.
Este dantesco escenario se da a pesar de que el Estado ha dedicado una importante cantidad, 10.900 millones de euros, a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO) para inyectar liquidez a las empresas en forma de créditos. Al parecer los resultados no han sido los deseados. Y es que de este presupuesto de 10.900 millones, más de 3.000 millones han sido destinados a sufragar los impagos de las propias administraciones que están soportando las pequeñas y medianas empresas. De esos 3.000 millones de euros sólo se han repartido el 4%.
En resumen; las pequeñas empresas de nuestro país no tienen bastante con no recibir el pago de las administraciones por los servicios prestados si no que además tienen que esperar a que estas mismas administraciones den su visto bueno para poder cobrar, por no hablar de los altos intereses que cobra el sistema bancario por su intermediación a la hora de gestionar uno de estos créditos ICO.
