Después de que la agencia de medición de riesgos Standard & Poors haya rebajado la calificación de la deuda soberana de Grecia a la categoría de bono basura (CCC, con perspectiva negativa), los ministros de finanzas de la eurozona se reúnen en Bruselas para tomar medidas urgentes.
La cantidad que se baraja esta vez como ayuda ronda los 90.000 millones de euros y ayudaría a cubrir las necesidades de financiación del país heleno hasta el año 2014. La ayuda se dividiría en tres partes, una de ellas a cargo de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, la segunda a cargo del programa de privatización de empresas griego y la tercera corresponderá a los acreedores privados del país mediterráneo.
Alemania, uno de los principales implicados, quiere que se apruebe por parte de la eurozona una prórroga de siete años para el vencimiento de los bono griegos, algo que parece no gustar al Banco Central Europeo, uno de los mayores acreedores de Grecia y contrario a cualquier contribución privada al caso griego, ya que esta podría ser entendida por los mercados como una restructuración de la deuda helena.
Los responsables europeos trabajan a contrarreloj por intentar descubrir la fórmula que evite el desprestigio internacional que supondría una posible restructuración de dicha deuda. Al parecer, podrían intentar que los bancos se comprometan voluntariamente a suscribir la deuda nueva del país según venzan los plazos de la que ya tienen en cartera, de esta forma, la restructuración se produciría de una manera menos traumática.
Además de tratar el tema de la deuda griega, los responsables de finanzas de la Unión intentarán llegar a los acuerdos necesarios para la reforma de la disciplina fiscal común. El objetivo no es otro que el de endurecer la norma y ampliar la vigilancia sobre las políticas económicas de los países miembros para que no se vuelvan a producir casos como el de Grecia.
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