La mayoría de los trabajadores que se verán abocados a trabajar más años para asegurar las pensiones están encuadrados en el Régimen General (sujeto a futuros cambios), sin embargo, aún no se sabe nada de si todo esto afectará al personal del Estado, que en la actualidad puede abandonar el mundo laboral a los 60 años sin ver perjudicada su pensión, siempre que hayan trabajado durante 35 años en su puesto.
Además, el medio millón de efectivos del Estado cuenta con un convenio especial dentro de la Seguridad Social. Cuyo funcionamiento permite aportar al personal público anualmente una serie de cuotas sociales, que en su conjunto no son suficientes para asegurar sus pagas de retiro, de modo que se complementan vía impuestos. La media que aportará cada familia española es de unos 530 euros para compensar este desajuste.
En resumen; el personal estatal no colabora a pagar las jubilaciones del resto de trabajadores (su caja de pensiones está separada), sin embargo, a estos si se les obliga a colaborar en el pago de las pensiones de los funcionarios. Luego, mediante el pago impuestos, se subvenciona una parte de las pensiones de los trabajadores del Estado.
Los presupuestos presentados para este año por el Gobierno prevén que la cuotas de los funcionarios sumarán 1.100 millones de euros, mientras que el gasto total necesario es de 9.804 millones. Es decir, del total necesario para cubrir los gastos, los funcionarios cubren con sus aportaciones a su sistema de pensiones el 11%. El resto (8.694 millones) se obtiene mediante impuestos, los ciudadanos aportan el 89% de la partida que costea la jubilación del personal del Estado.
Los funcionarios autonómicos o locales si se encuentran dentro del Régimen General.
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