Así es, el Gobierno del señor Zapatero ha propuesto a la patronal CEOE y a los sindicatos CCOO y UGT que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pague 8 días de los 33 de indemnización que se abonan en los despidos improcedentes del contrato de fomento del empleo estable. Si se acepta esta medida supondría que a los empresarios les sale más barato despedir y los trabajadores no se verían perjudicados, ya que recibirían la misma cantidad de dinero por el despido.
Este planteamiento del Gobierno de pagar parte del despido se une a la extensión del contrato de fomento del empleo estable a los jóvenes, cuya indemnización prevista en caso de despido improcedente es de 33 días frente a los 45 de un fijo ordinario. Este tipo de contrato ya existe, pero se aplica de manera residual a colectivos de difícil inserción laboral, como mayores de 45 años y mujeres con pocas posibilidades de entrar en el mercado laboral.
El Gobierno también pretende facilitar a los empresarios el uso del despido por causas objetivas, cuya indemnización asciende a 20 días por año trabajado. Los empresarios consideran que la autorización de este tipo de despido soporta una excesiva tutela judicial, mientras que los sindicatos rechazan este relajamiento.
Las presiones recibidas por sus socios europeos, que han instado al Ejecutivo español a que afronte con decisión y de una vez la reforma laboral, están llevando al Gobierno a intensificar la negociación para no tener que ser él, de forma unilateral, quien presente el documento final que recoja dicha reforma.
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