El Gobierno logró sacar su plan adelante, pero en solitario, nadie fuera de su grupo parlamentario apoyó estas medidas. Con la aprobación de las mismas, incluidas la congelación de pensiones y la bajada de sueldo a los funcionarios, como decreto ley y no como proyecto de ley, el ejecutivo del señor Zapatero las aprueba de forma inmediata y sin posibilidad de que sean modificadas.
Durante la votación en el Congreso resultaron determinantes las abstenciones de UPN, CIU y Coalición Canaria, pues todos durante el debate previo se mostraron en contra de las políticas económicas del Gobierno, pero según ellos, decidieron actuar con responsabilidad y abstenerse. Algunos como el portavoz de CIU, José Antonio Durán y Lleida, que durante el debate lanzó duras críticas a Zapatero, afirmó que se abstendría por responsabilidad, ya que si no se aprobaba el Plan los mercados financieros castigarían duramente a nuestro país. Por otro lado, aseguró que el problema de la economía española se llama, José Luis Rodríguez Zapatero, al que emplazó a convocar elecciones anticipadas una vez puestas en marcha estas medidas y aprobada la reforma laboral.
El resto de grupos que votó en contra de estas medidas las calificó durante el debate como de: "improvisadas", "injustas", "antisociales", "golpe antidemocrático contra el Estado Social". Alguno de los diputados ve en el horizonte una gran movilización social y una huelga general.
Por su parte, los miembros del partido en el poder defendieron las propuestas intentando hacer ver al resto que no hay otra salida. Son medidas, según ellos, que cuentan con la aprobación de nuestros socios europeos y del Fondo Monetario Internacional y que el resto de países europeos ya ha tomado o va a tomar en breve. Desde los escaños socialistas se hizo un llamamiento a la "responsabilidad" del resto de grupos.
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